La actual situación del estado de alarma por el COVID-19, ha provocado un fuerte impacto en materia económica y laboral. Ello ha originado la paralización del tejido productivo en aquellos sectores no esenciales, que en el caso de Canarias tiene una fuerte repercusión en el sector servicios, que supone uno de nuestros principales motores económicos.
Desde nuestra organización sindical somos conscientes de los esfuerzos que los poderes públicos han puesto en marcha para mitigar las graves consecuencias de esta pandemia a nivel social y económico, pero el marco laboral está sufriendo en gran medida esta parálisis. Nos encontramos con una masiva tramitación de ERTES, con despidos por falta de actividad, etc. Ello también incide en familias de personal público con pérdidas de ingresos dado que una de las partes que trabajaba en sector privado, ha cesado en su actividad, sin poder cobrar hasta el mes de mayo porque los Servicios Públicos de Empleo están desbordados ante el gran volumen de expedientes que están llegando.
Con el sindicato se ha puesto en contacto personal que solicitó anticipos reintegrables y que aún están pagándolo y de pronto se han encontrado con esta situación sobrevenida en sus hogares, afectando directamente a la economía doméstica. Por ello, hemos solicitado a la Dirección General de la Función Pública que, mientras dure el estado de alarma y durante el mes posterior a su fin, de forma excepcional, no se practique el reintegro para devolución de los anticipos reintegrables al personal que lo solicite, siempre que se acredite debidamente que por causa directa de la situación del estado de alarma, se ha sufrido una merma en los ingresos de la unidad familiar. Lo expuesto se entiende sin perjuicio de la devolución de la totalidad del anticipo, para lo cual se habría de establecer un nuevo plazo para su total devolución.
Canarias, 15 de abril de 2020