Como cada año, el próximo 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajo. Este año con toda la energía que da la luz del final del túnel de lo más duro de la pandemia.
Si bien está claro que el Covid se queda, sobresale la necesidad y el empeño en quitarle el protagonismo que ha tenido en la vida social, económica y, consecuentemente, en la laboral. Queda esperar a ver cómo esta recuperación económica que se ha iniciado, repercute en última instancia en trabajadoras y trabajadores, porque la pirámide de las empresas no debe olvidar la base que la sustenta y que ha sido quien más ha sufrido en estos dos años pasados.
En las Administraciones Públicas, los asuntos del personal a su servicio siguen una inercia como mucho reactiva, intentando en los mejores casos dar soluciones a los problemas que se van planteando en el día a día y en otros, engrosando la montaña de las cosas pendientes.
No terminamos de ver una total toma de conciencia sobre la necesidad de fortalecer los servicios públicos, como una tarea de carácter estructural permanente, sino una forma de gestionar muy basada en remiendos. Prueba de ello es la casi nula respuesta a las carencias sobradamente demostradas en la Sanidad Pública y en el refuerzo del resto de los servicios públicos esenciales.
Para gestionar los conocidos como Fondos Europeos, se ha montado con prisa todo un entramado de estructuras provisionales, que esperamos que estén bien programadas y dirigidas para cumplir con ese fin que han sido creadas; pero salvo algunas Ofertas de Empleo Público muy justitas para llenar los huecos por vacantes que se han ido produciendo, no se ven cimientos de una Administración Pública completa en cuanto a Recursos Humanos. Con esta política, solo se ha conseguido flotar a base de listas de empleo para personal temporal formadas también a trompicones.
Pero lo que sin duda tomará protagonismo en los próximos tiempos en cuanto a gestión de personal en las Administraciones Públicas, son los procesos extraordinarios previstos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En estas actuaciones tienen la mirada puesta –y también las esperanzas-, miles de personas con muchos años acumulados de temporalidad en sus puestos de trabajo.
Es exigible a todas las Administraciones que durante todo este tiempo se han servido de este personal, una actuación decidida para estabilizarles, al amparo de “las facilidades” que la referida Ley ha puesto en sus manos, sin darle vueltas que ralenticen o dificulten este objetivo.
Desde SEPCA tenemos incrustado desde el inicio de todos los movimientos en pro de la permanencia del personal no fijo, el compromiso de luchar hasta las últimas consecuencias para que ninguna persona se vea privada de su puesto de trabajo, tras años ocupándolo de manera temporal.
Sin duda, el capital humano que es quien da sustento a los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía, debe ser reconocido en esta fecha tan señalada, máxime tras estos duros años de funcionar más allá del límite en sectores tan relevantes como el de Sanidad. Y más que nunca también, creemos que en este Día del Trabajo en el seno de todas las Administraciones Públicas, debe tener una especial significación, un colectivo muy numeroso y durante muchos años acostumbrado a estar siempre en una posición de inestabilidad, ansioso de celebrar un puesto de trabajo estable.
Canarias, 29 de abril de 2022
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