Tras hacerse público lo que se ha titulado “ACUERDO” POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, nos están llamando nuestros afiliados y simpatizantes extrañados porque no aparece nuestro logo y nuestra firma en el documento difundido.
Desde SEPCA creemos necesario explicar esta circunstancia, por la publicidad negativa que desde el Gobierno y otras organizaciones se nos pretende hacer, ciegos como están sacando a toda prisa en este periodo electoral una retahíla de cosas de cualquier manera para –unos y otros- intentar obtener recompensa en votos y, sobre todo, para aclarar la postura de esta organización sobre el tema objeto del llamado “ACUERDO”.
En SEPCA, como nadie seriamente puede pensar, no estamos en desacuerdo con la regulación de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; de hecho llevamos luchando por ello muchos años y muchas de las medidas que se recogen en el documento firmado, son fruto de iniciativas de SEPCA y reivindicadas desde siempre.
El motivo por el que no hemos firmado ese documento es primero, porque como decimos se ha hecho a la carrera, de manera chapucera y negociado a trozos en unas mesas y otras (de hecho en la Mesa Sectorial de Personal Funcionario ni se terminó con la “negociación”). Pero la razón básica y fundamental de que no aparezca ni nuestro logo ni nuestra firma, es porque una vez más el Gobierno de Canarias sigue diferenciando y discriminando a un personal de otro.
En este documento se excluye expresamente, como ya suele ser desgraciadamente habitual, “al personal docente no universitario, al personal que presta sus servicios en los centros de asistencia sanitaria dependientes del Servicio Canario de la Salud, al Cuerpo General de la Policía Canaria y al Personal de la Administración de Justicia.”
Estamos cansados de denunciar el trato diferenciador de un mismo tema entre distintas clases de personal y sectores, sin que el fondo del asunto lo justifique. Ya en su momento manifestamos al Director General de Función Pública, que un tema de esta relevancia como la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, debe afectar por igual a todo el personal de las Administraciones Públicas Canarias y no considerábamos correcto ni ético negociarlo y regularlo de manera separada y distinta, según sectores o clases de personal.
Asuntos tan importantes como este deben reflejar una realidad generalizada en todo el personal público y establecer soluciones igual de globales. Deben ser tratados por tanto previamente en unas mesas de carácter técnico y aprobarse posteriormente en Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, todo ello para evitar posibles discrepancias de criterios en situaciones iguales y sobre todo, discriminaciones entre el personal según la clase que sea o el sitio donde preste sus servicios.
Repetimos que no estamos en contra del establecimiento de estas medidas y de otras que se podrían haber incluido, pero no podemos poner nuestro logo ni firmar un documento discriminatorio entre el personal, ni mucho menos hacernos publicidad con ello.
Canarias, 17 de mayo de 2019
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